Cada cierto tiempo, las autoridades hablan de reinserción social como si fuera una política en marcha. Quien sale de una cárcel en Ñuble, o cumple una medida en libertad, sabe que la reinserción, tal como se anuncia, no existe. Lo que existe es un sistema que controla, vigila y sanciona, pero que casi no acompaña a quien intenta volver a vivir en sociedad.
Yo lo viví desde adentro. Pasé 85 días privado de libertad en prisión preventiva, y después estuve en otros recintos de la región. Durante esos días conocí a personas con familia, con oficios y con ganas de salir adelante. También vi que muchas de ellas no tenían a nadie que les explicara sus derechos, que sus procesos avanzaban sin que las entendieran y que nadie les ofrecía una alternativa real para el día en que salieran.
Gendarmería tiene a su cargo la vigilancia de quienes cumplen penas en libertad. La llamada vigilancia intensiva, en el papel, busca asegurar que la persona cumpla sus obligaciones. En la práctica, muchas veces se traduce en firmas periódicas, visitas que interrumpen el trabajo, horarios difíciles de cumplir y una sensación permanente de estar bajo sospecha. Controlar no es lo mismo que reinsertar, y esa diferencia se nota a diario.
Lo más grave es que el sistema no ayuda a conseguir trabajo. Se le exige a la persona que se reintegre, que tenga una vida ordenada y que no reincida, pero no existen programas serios de capacitación, intermediación laboral ni vínculos reales con empresas de la región. Quien sale enfrenta un mercado que desconfía de su historial y un entorno que lo etiqueta por años. Si no hay trabajo, la reincidencia deja de ser solo una decisión personal y se vuelve una consecuencia bastante previsible.
También hay un problema de justicia que no podemos ignorar. Hay personas que terminan privadas de libertad sin que su situación haya sido examinada con el detalle necesario. Yo fui una de ellas. En mi caso, la prueba era en buena parte digital, y nadie a mi alrededor, ni yo mismo, la entendíamos del todo. Un error técnico puede costar meses de libertad, y quien no tiene recursos para pelearlo queda atrapado en un procedimiento que no comprende.
Los delitos informáticos muestran bien esta brecha. Direcciones IP, registros de conexión, metadatos y peritajes requieren conocimientos que muchas veces no están presentes en una audiencia. Se confunde lo digital con lo menor, y una persona puede quedar expuesta a una medida cautelar por una coincidencia técnica que nadie se detuvo a explicar. La alfabetización digital no es un lujo: es una condición básica para que la justicia sea justa.
A esto se suman las condiciones de las cárceles. Hacinamiento, infraestructura deteriorada, atención de salud insuficiente y escasa actividad formativa no solo afectan a quienes están privados de libertad; también hacen imposible cualquier proceso de rehabilitación. Una cárcel que no rehabilita devuelve a la sociedad personas más dañadas de las que recibió.
Nada de esto significa desconocer la necesidad de sancionar delitos ni la legítima demanda de seguridad de los vecinos. Pero seguridad y reinserción no son objetivos opuestos. Una sociedad segura es aquella donde quien cumplió su pena tiene una oportunidad real de trabajar, estudiar y reconstruir su vida. Hoy, en Ñuble, esa oportunidad depende más de la voluntad individual y de la familia que de una política pública.
Se necesita una reinserción que no sea solo discurso. Eso implica coordinar a Gendarmería, municipios, servicios de empleo y empresas de la región; crear programas de capacitación vinculados a la demanda laboral local; revisar la vigilancia intensiva para que no sea un castigo adicional sin objetivo claro; fortalecer la defensa pública, incluyendo peritos capaces de explicar la prueba digital; y publicar cifras de empleo, reincidencia y procesos en la región, para que la discusión se base en datos y no en slogans.
Ñuble no puede seguir esperando. La pregunta no es si quienes cometieron delitos deben responder ante la justicia, sino si el sistema está diseñado para que, después de cumplir, puedan dejar de ser un problema y volver a ser parte de la comunidad.
Pablo Jara Vargas
