¿El Presidente de Chile anda a pie? Es una pregunta provocadora, pero detrás de ella existe una preocupación que miles de chilenos comparten: quienes gobiernan toman decisiones económicas que terminan repercutiendo directamente en el bolsillo de quienes deben trabajar, estudiar, trasladarse y mantener sus hogares.
El aumento de los combustibles no es un problema exclusivo de quienes tienen automóvil. Cuando sube la bencina o el diésel, también aumentan las presiones sobre el transporte, la distribución de alimentos, la agricultura y el comercio.
En regiones como Ñuble, donde muchas familias viven en sectores rurales y deben recorrer largas distancias para acceder a servicios, trabajar o estudiar, el impacto puede ser todavía mayor.
Los impuestos que pagamos
En Chile, los combustibles están gravados con IVA y con un impuesto específico. Este último forma parte de los ingresos fiscales, aunque su componente variable puede ajustarse mediante el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), para amortiguar las fluctuaciones internacionales.
Esto abre una pregunta legítima: si los ciudadanos pagan impuestos cada vez que consumen, trabajan, compran y utilizan servicios, ¿cómo se distribuyen esos recursos y cuánto esfuerzo realiza el Estado para aliviar el costo de vida?
El presupuesto público se financia mediante distintos ingresos, entre ellos impuestos, rentas del Estado y otras fuentes de financiamiento. Es dinero que debe administrarse con transparencia y responder a las necesidades de la población.
Desde Ñuble hasta La Moneda: cuando una familia tiene que caminar para ser escuchada
Mientras el país debate el precio de los combustibles y las decisiones económicas del Gobierno, desde Chillán también surge una historia que merece atención.
Luis Leiva, padre de Amandita, la pequeña Amanda Leiva Monroy, emprendió una caminata desde Chillán hasta el Palacio de La Moneda para visibilizar la situación de salud de su hija y buscar una respuesta de las autoridades para garantizar la continuidad de su tratamiento contra el cáncer.
Su recorrido representa el esfuerzo de una familia que ha tenido que salir a las calles y recorrer cientos de kilómetros para pedir ayuda.
Y aquí surge otra pregunta para las autoridades: ¿por qué una familia de Ñuble debe llegar caminando hasta Santiago para intentar conseguir respuestas frente a una necesidad tan importante como la salud de una niña?
La historia de Amandita también invita a reflexionar sobre el destino de los recursos públicos, las prioridades del Estado y la protección que reciben las familias que enfrentan enfermedades de alto costo.
¿Quién protege a las familias?
El Gobierno de Chile anunció medidas para limitar las alzas de los combustibles. Sin embargo, contener futuras alzas no significa que los precios vuelvan a sus niveles anteriores ni resuelve por sí solo el impacto acumulado en los hogares.
En Ñuble, esta discusión tiene rostro de trabajador, transportista, agricultor, comerciante, estudiante , emprendedores y familia rurales.
La ciudadanía tiene derecho a preguntar cómo se utilizan sus impuestos, qué medidas concretas existen para proteger su economía y si las decisiones del Gobierno consideran las realidades de las regiones.
Porque gobernar también significa comprender cómo vive la gente y cuánto cuesta llegar a fin de mes.
La pregunta queda abierta: ¿quién termina pagando el costo de las decisiones económicas y quién escucha a las familias que necesitan respuestas?
