Hace apenas unos días, durante una conversación con propietarios de taxibuses de Chillán, surgió una preocupación que refleja el complejo escenario que atraviesa el transporte público regional: "La vuelta ya no sale a cuenta".
Mientras el país enfrenta tensiones en el sector del transporte y los costos operacionales continúan presionando a los pequeños y medianos empresarios, en la capital de Ñuble se desarrolla una preocupación menos visible, pero igualmente importante: la sostenibilidad económica del sistema de transporte público.
Chillán ha avanzado significativamente en la modernización de sus taxibuses, pasando de las antiguas micros a un sistema regulado, con cobro electrónico y máquinas de estándares similares a los del sistema Red, incorporando características como wifi y piso bajo.
Sin embargo, detrás de esta transformación existe una realidad financiera que no siempre aparece en las fotografías oficiales. El aumento de los costos del combustible, las cuotas de financiamiento, el mantenimiento de las nuevas máquinas y una menor demanda de pasajeros han complicado la ecuación económica de los operadores.
El problema, según plantea el autor, también está relacionado con las condiciones contractuales y los mecanismos de compensación establecidos por el Estado. Los operadores deben cumplir exigentes estándares de servicio, mientras enfrentan fórmulas de cálculo que, a su juicio, no reflejarían adecuadamente las variaciones de los costos operacionales. A esto se sumarían los plazos de pago de las compensaciones.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿puede sostenerse una modernización del transporte público cuando quienes deben financiar y operar el sistema sienten que las condiciones económicas ya no son suficientes?
Cuando un servicio que moviliza a miles de personas diariamente comienza a enfrentar dificultades de liquidez, el problema deja de ser exclusivamente empresarial y pasa a convertirse en una preocupación ciudadana.
Si los operadores deciden no continuar con el proceso de renovación de máquinas proyectado para 2027 por razones económicas, las consecuencias podrían sentirse directamente en los usuarios, especialmente en quienes dependen diariamente del transporte público para llegar a sus trabajos, centros de estudio y hogares.
La modernización no se decreta: necesita planificación, financiamiento y condiciones que permitan su continuidad.
De lo contrario, nuestras modernas micros, equipadas con tecnología y mejores estándares de servicio, podrían terminar convirtiéndose en monumentos rodantes a una modernización que no consideró suficientemente su sostenibilidad económica.
