En una democracia, las instituciones deben funcionar y la justicia debe investigar cada antecedente que resulte necesario. Sin embargo, también existe un principio fundamental que no podemos olvidar: ninguna persona debe ser considerada culpable antes de que exista una sentencia que así lo determine.
Este martes 10 de noviembre, la Corte de Apelaciones resolvió por tres votos contra cero revocar el arraigo nacional que afectaba al alcalde de Chillán, Camilo Benavente, en el marco de la investigación por la adquisición del recinto de la antigua Medialuna.
La resolución representa un resultado favorable para su defensa y deja al jefe comunal sin medidas cautelares personales en esta causa.
Más allá de las posiciones políticas, las simpatías o las diferencias que puedan existir con una autoridad, es necesario comprender que una investigación judicial no equivale a una condena. Las instituciones tienen la responsabilidad de investigar, pero la ciudadanía y los medios de comunicación también tienen el deber de informar con responsabilidad.
La transparencia no debe tener colores políticos. Si existen antecedentes que investigar, que se investiguen. Si hay responsabilidades, que se establezcan conforme a derecho. Y si no las hay, que también se respete el resultado.
El que nada hace, nada teme, dice una conocida expresión popular. Pero en un Estado de derecho hay algo todavía más importante: el que es investigado también tiene derecho a defenderse, a ser escuchado y a que se respete su presunción de inocencia.
La justicia debe hablar con antecedentes, no con rumores; con pruebas, no con prejuicios.
