Una realidad que ocurre detrás de los muros
Las condiciones de vida al interior de los recintos penitenciarios pocas veces forman parte de la conversación pública. Sin embargo, existen situaciones que merecen atención, especialmente cuando involucran a personas que se encuentran en prisión preventiva y que, por tanto, todavía no han recibido una condena.
Pablo Jara permaneció 35 días en el Centro de Detención Preventiva de Yungay, período durante el cual pudo observar directamente aspectos del funcionamiento cotidiano del establecimiento y las condiciones que enfrentan las personas privadas de libertad.
Entre los antecedentes que requieren especial atención se encuentra el horario de desencierro y encierro. Según lo observado y los antecedentes recopilados, los internos saldrían de sus celdas alrededor de las 10:00 horas y regresarían a las 15:00 horas.
La preocupación está relacionada con las condiciones sanitarias durante el resto de la jornada, particularmente por la falta de acceso directo a servicios higiénicos en algunas celdas. Se denuncia el uso de recipientes improvisados, conocidos popularmente como «guaguas», para realizar necesidades fisiológicas durante las horas de encierro.
Una situación que, de confirmarse, requiere una revisión urgente desde el punto de vista sanitario y de la dignidad de las personas.
La salud dentro de los recintos penitenciarios
Otro aspecto que merece investigación es la atención médica y los procedimientos sanitarios aplicados a la población penal.
Entre los antecedentes relatados se encuentra el caso de un interno que, durante el año pasado, habría recibido dos vacunas contra el COVID-19 el mismo día, una tras otra, en el contexto de un traslado a Chillán. Posteriormente, habría terminado en el Hospital de Yungay.
Este episodio requiere esclarecer las circunstancias de la vacunación, si existió consentimiento informado, cuáles fueron las indicaciones médicas y qué motivó la posterior hospitalización. No existen antecedentes suficientes para establecer que ambos hechos estén médicamente relacionados.
La vacunación debe abordarse respetando la normativa sanitaria, la información al paciente y las garantías correspondientes. La condición de persona privada de libertad no elimina el derecho a recibir información ni a una atención de salud digna.
Imputados: personas que aún no tienen una condena
Un elemento fundamental de esta discusión es comprender que dentro de los recintos penitenciarios no solamente existen personas condenadas. También permanecen imputados sujetos a prisión preventiva, una medida cautelar que no equivale a una condena.
La presunción de inocencia es una garantía fundamental del sistema de justicia. Por ello, las condiciones de reclusión, el acceso a la salud y el respeto de los derechos humanos deben ser preocupaciones permanentes de las instituciones responsables.
Preguntas que Gendarmería debe responder
La situación del recinto de Yungay abre interrogantes que merecen una respuesta pública:
- ¿Las celdas cuentan con baños y condiciones sanitarias adecuadas?
- ¿Cómo se garantiza el acceso a servicios higiénicos durante las horas de encierro?
- ¿Qué protocolos existen para la atención médica de los internos?
- ¿Cómo se obtiene y documenta el consentimiento para procedimientos de vacunación?
- ¿Qué fiscalizaciones han realizado los organismos competentes sobre las condiciones del establecimiento?
Desde N21 consideramos que estas materias deben investigarse con seriedad, sin prejuicios y sin desconocer la función de los establecimientos penitenciarios.
La seguridad es necesaria, pero no puede estar separada de la dignidad humana. Una persona puede estar privada de libertad por decisión judicial, pero no pierde su derecho a la salud, la higiene ni a recibir un trato respetuoso.
Los derechos humanos también deben garantizarse dentro de las cárceles. Lo que ocurre detrás de sus muros merece atención pública, transparencia y respuestas de las autoridades.
