La Municipalidad de San Carlos entregó antecedentes sobre una eventual deuda previsional superior a los $1.200 millones, tras la difusión de información relacionada con un procedimiento de cobranza iniciado por AFP Provida. Desde la administración comunal explicaron que existe una diferencia entre el capital previsional reclamado y los intereses, reajustes, recargos y costas asociados al proceso.
Según los antecedentes municipales, el caso tiene su origen en una relación laboral reconocida judicialmente, correspondiente a una exfuncionaria que prestó servicios al municipio entre marzo de 2007 y diciembre de 2022 bajo la modalidad de honorarios.
La causa laboral T-8-2023 concluyó con una sentencia que quedó firme y ejecutoriada el 12 de junio de 2024. Posteriormente, AFP Provida inició un procedimiento de cobranza ante el Primer Juzgado de Letras de San Carlos, bajo la causa P-150-2025.
En este procedimiento se estableció un capital previsional reclamado de $26.612.197, al que se sumaron otros conceptos asociados a la cobranza.
Frente a esta situación, la actual administración municipal realizó el 10 de marzo de 2026 una consignación judicial por los $26.612.197 correspondientes al capital reclamado. El depósito, identificado con el número 5001335919, cuenta con certificación del tribunal.
El mandamiento de ejecución y embargo fue notificado personalmente a la Municipalidad el 2 de noviembre de 2026. Posteriormente, el 6 de noviembre, la Dirección Jurídica presentó una excepción de pago total, acompañando los antecedentes que acreditan la consignación realizada.
Esta presentación se encuentra en tramitación y deberá ser resuelta por el tribunal.
Dirección Jurídica: discusión sobre intereses y recargos
La directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de San Carlos, María Alejandra Riquelme, explicó que la administración no desconoce las obligaciones derivadas de la sentencia judicial, pero considera necesario revisar los montos adicionales incluidos en el procedimiento de cobranza.
La profesional señaló que el capital de $26,6 millones debe analizarse separadamente de los intereses, reajustes y eventuales recargos que podrían elevar considerablemente el monto total reclamado.
Respecto de la diferencia superior a los $1.150 millones, indicó que la Municipalidad busca que se determine su procedencia, proporcionalidad y cálculo conforme a derecho.
Asimismo, mencionó como antecedente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional relacionado con la Municipalidad de Tiltil, que podría ser considerado en la discusión jurídica sobre la aplicación de intereses e intereses sobre intereses.
Alcalde Rubén Méndez: defensa del patrimonio municipal
Por su parte, el alcalde de San Carlos, Rubén Méndez Venegas, señaló que la actual administración debe enfrentar situaciones originadas en períodos anteriores, asumiendo la responsabilidad institucional de responder ante los procedimientos judiciales.
La autoridad comunal manifestó que una eventual obligación superior a los $1.200 millones podría tener consecuencias importantes para las finanzas municipales y la disponibilidad de recursos destinados a las necesidades de la comunidad.
En ese contexto, sostuvo que el municipio continuará utilizando las herramientas legales disponibles para defender los recursos públicos y determinar las obligaciones que efectivamente correspondan.
El alcalde también precisó que no es posible anticipar el resultado de los procedimientos judiciales, pero reafirmó que la administración debe cumplir las obligaciones legales y resguardar el patrimonio de todos los habitantes de San Carlos.
Una discusión que deberá resolver la justicia
Desde la Municipalidad reiteraron que su posición institucional es cumplir con todas las obligaciones que legalmente correspondan, manteniendo las acciones judiciales destinadas a revisar los montos reclamados.
Por ahora, la consignación del capital previsional y la excepción de pago total presentada por la Dirección Jurídica forman parte de los antecedentes que deberá analizar el tribunal, mientras continúa la discusión sobre los conceptos adicionales que explican la cifra superior a los $1.200 millones.
